ACUERDO CON EL NOTARIADO/ Paso de gigante de la Agencia Tributaria en su arsenal de fuentes de información en la lucha contra el fraude en relación con la creación de entramados societarios opacos.
La Agencia Tributaria (AEAT) tendrá acceso a los titulares reales de 2,5 millones de sociedades, lo que supone un paso de gigante para el arsenal de fuentes de información que utiliza en la lucha contra el fraude en relación con la creación de entramados societarios opacos con fines fraudulentos. El organismo que dirige Jesús Gascón firmó ayer un acuerdo con el Consejo General del Notariado que le permite entrada directa a la información de la Base de Datos de Titularidad Real del Notariado.
En la Base de Datos de Titularidad del Notariado están identificados los titulares reales de más de 2.094.000 sociedades limitadas, 126.000 sociedades anónimas y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos. Permite identificar quién es el titular real de cualquier sociedad de responsabilidad limitada, ONG, partido político, cooperativa, etcétera, y verificar que la identificación es real. También permite saber quién es el titular real de sociedades anónimas o de sociedades extranjeras que operan en España.
Gracias a este convenio la Agencia podrá contar con un suministro periódico de información de determinadas operaciones o grupos de operaciones contenidas en el Índice Único Informatizado Notarial y un acceso telemático directo e individualizado al Índice Único, y se regula la posibilidad de efectuar requerimientos específicos de información al Notariado.
El acceso sistemático de la Agencia a la información de los notarios sobre titularidades reales de personas jurídicas permitirá reforzar el control de los entramados societarios de entidades supuestamente independientes.
La aparente falta de conexión entre este tipo de sociedades facilita a quienes las controlan la creación de redes de facturación falsa u operativas fraudulentas como la facturación recíproca para eliminar beneficios del grupo, el desplazamiento ilícito de rentas hacia entidades sin tributación efectiva, la obtención de devoluciones improcedentes o el alzamiento de bienes.
El convenio contempla que ambas partes acordarán la forma en que la Agencia podrá obtener, hasta donde alcance la información de la base de datos, la secuencia de entidades a través de las cuales una persona física es el titular jurídico de acciones o participaciones y el porcentaje real de su participación (en función de los sucesivos porcentajes de participaciones indirectas).
El mecanismo de suministro de la información contemplará consultas ascendentes (a partir de una sociedad, conocer sus propietarios personas físicas), como a la inversa (consultas descendentes).
La información de la Base de Datos de Titularidad Real estará a su disposición en el plazo de dos meses y se actualizará con una periodicidad mensual.
Paralelamente, el convenio contempla el suministro a la Agencia de actos y operaciones contenidas en el Índice Único Informatizado Notarial con una actualización quincenal. En este caso resulta de especial importancia para la Agencia la información que obtendrá sobre actos y operaciones en las que participe una persona jurídica o un trust, dada la asiduidad con que se realizan operaciones societarias con la única finalidad de crear redes de opacidad que permiten la realización de actividades defraudatorias. El análisis de esta información facilitará a la Agencia el estudio de entramados societarios complejos a través de tecnología big data, una especie de Gran Hermano del que se sirve la Unidad de Grandes Patrimonios, uno de los objetivos del Plan de Control Tributario de 2020.
Además, a través del Índice Único, la Agencia contará con un suministro periódico de los datos identificativos de poderdantes (las personas que otorgan un poder a un tercero para que actúe en su nombre), apoderados y administradores de sociedades, así como las fechas de nombramiento y revocación de esos poderes.
De esta forma, el acceso al índice permitirá a la Agencia obtener información de interés para el control tributario sobre operaciones de financiación, inmobiliarias, con activos financieros y con otros valores mobiliarios, y también de operaciones en las cuales los intervinientes ante el notario se hayan negado a identificar los medios de pago utilizados, o no los hayan acreditado completamente, o bien los casos en que hayan incumplido la obligación de aportar al notario el Número de Identificación Fiscal, o el documento S-1 de movimientos de efectivo cuando es pertinente.
Precisamente el martes el Gobierno aprobó el acuerdo fiscal con Reino Unido sobre Gibraltar por el que podrá acceder a datos de residentes, trabajadores, vehículos, embarcaciones y sociedades pantalla en un radio de 80 kilómetros del Peñón.