El Ministro de Justicia avisa del alud de casos que llegarán a los Juzgados como consecuencia de la crisis. El Congreso da luz verde a un Real Decreto muy contestado por habilitar agosto para juicios.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, advirtió ayer del alud de casos que llegarán a los Juzgados como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia y auguró que los concursos de acreedores se dispararán hasta los 50.000 en 2021, un 619% más que en 2019. Así lo alertó en el Pleno del Congreso para pedir el apoyo al Real Decreto de medidas organizativas y procesales para intentar paliar el colapso de los órganos judiciales.

“De los 7.000 concursos presentados en 2019, alcanzaríamos unos 50.000 el próximo año”, avisó. Para este año, la previsión de Justicia es que los concursos se incrementen un 246%, lo que arroja una cifra de 24.200, a pesar del parón de los Juzgados y de que el Decreto del estado de alarma suspendió los concursos durante dos meses.

Según las previsiones del Ministerio, los asuntos ingresados en la jurisdicción social, que dirime sobre despidos y conflictos laborales, aumentarán este año un 31%, llegando hasta un 140% en 2021, más de un millón de nuevos asuntos. Con esos datos, explicó Campo, la pendencia (porcentaje de casos pendientes) se situará en un 175%.

En el ámbito civil, el que tramita los concursos, se espera un aumento de entre el 30% y el 145% este año, con lo que el incremento de los asuntos pendientes puede situarse en el 180%; mientras que en la jurisdicción contencioso-administrativa se baraja un aumento de nuevos asuntos de entre el 35% y el 125%.

Los Juzgados han realizado en el estado de alarma sólo el 20% del trabajo que habrían abordado en circunstancias normales, por lo que cuando éste se alce, al volumen normal de asuntos –incrementado por la litigiosidad en la crisis– se sumará este 80% aparcado.

Ante la avalancha de empresas que prepara el concurso por la crisis, el Decreto flexibiliza los plazos y los procedimientos en el convenio, refinanciación y liquidación. “Se trata de evitar que el escenario posterior a la superación de la crisis del Covid-19 nos lleve a declaraciones de concurso o apertura de la fase de liquidación respecto de empresas que podrían ser viables en condiciones generales de mercado, con la consiguiente destrucción de tejido productivo y de puestos de trabajo”, explica. La norma contempla además un plan de choque ante la ralentización de la Justicia y habilita el mes de agosto, y también las tardes, para juicios.

El Gobierno logró ayer la aprobación en el Congreso del Decreto con el apoyo de los partidos que hicieron presidente a Pedro Sánchez, entre los que estaban PNV, ERC –lo que no le impidió ser crítico con la norma– y varias formaciones minoritarias. Votaron en contra PP, Vox y Ciudadanos que, sin embargo, respaldaron que sea tramitado como proyecto de ley para poder hacer aportaciones. La oposición critica que el Decreto carezca de inversión y llegue sin consenso con los operadores jurídicos. Una de las medidas más cuestionadas es que habilite agosto, lo que creen que va contra la conciliación de los abogados. Este colectivo había amenazado con huelgas y aplaudió que el Consejo General del Poder Judicial recomendara a los jueces coger vacaciones en agosto.

 

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