Las compañías están atesorando liquidez por el miedo generado ante la crisis al tiempo que alargan sus plazos de pago, lo que pone en aprietos la cadena de pagos y la solvencia de otras empresas.

En los primeros compases de la irrupción del coronavirus en España, en marzo, hubo 122.000 empresas que echaron el cierre ante la falta de actividad, una cifra cuatro veces mayor que el peor mes de la crisis de 2008. Pero lo peor podría estar por llegar, ya que hay más de medio millón de compañías que podrían quebrar en los próximos meses por los retrasos en los pagos por parte de sus proveedores, según denuncia la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que agrupa a un millón de compañías. De hecho, el presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, que expondrá estos datos hoy en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, denuncia que aunque se han facilitado líneas de liquidez para muchas empresas, la mayoría han optado por guardar buena parte de este dinero por si acaso, retrasando los pagos a sus proveedores, lo que hace que la solvencia del conjunto del sistema se hunda y pone en jaque la supervivencia de gran parte de las compañías.

De acuerdo con un estudio de la PMcM, el 70% de las empresas están observando plazos de pago más largos desde que comenzó la crisis del coronavirus y, aunque normalmente son las grandes empresas las que más se retrasan, ahora son las pymes las que más extienden el abono de sus facturas más allá de la fecha de vencimiento, lo que pondría de manifiesto la falta de liquidez. “Si no se pone remedio a la ruptura de la cadena de pagos, habrá un gran número de quiebras, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, que están a dos mensualidades de no aguantar más. Entre el 15% y el 20% de las empresas podrían desaparecer, y la mayoría de las quiebras se producirán por falta de liquidez por la ruptura de los flujos monetarios”, subraya Cañete. Esto es, entre 500.000 y 600.000 empresas.

El gran problema es que el Estado se ha preocupado de inyectar dinero en las empresas, pero no de asegurar que ese dinero se emplee para pagar las facturas pendientes. Hasta la fecha, el Estado ha garantizado financiación por valor de 65.000 millones de euros a empresas y autónomos, situando a las compañías del sector del turismo y el ocio entre los principales beneficiarios. Por regiones, la mayor parte de las operaciones se han producido en Cataluña, Andalucía y Madrid. Sin embaro, esto no resuelve el problema. “Las empresas se están proveyendo de financiación, pero el pánico y la no obligación de hacer los pagos hace que se la guarden para sí, lo que está rompiendo las cadenas de pagos y perjudicando al conjunto del sistema, ahí es donde está realmente el drama y nadie está velando porque eso no se produzca”, señala Cañete, que achaca este escaso cumplimiento a que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) delega esta responsabilidad en los bancos, cuando es la Administración quien debería ocuparse de ello, ya que la Agencia Tributaria y el Ejecutivo “disponen de información sobre el del 90% las facturas en España, saben cuándo se emiten, cuándo se pagan y cuándo se deberían haber pagado”, subraya.

Un nuevo virus

¿Y cuál es el impacto de este alargamiento en los pagos? “Esto es como una expansión de un virus, por cada factura que se deja de pagar se ponen en peligro tres o cuatro facturas más, y eso al final genera un flujo concatenado de impagos que lleva al cierre de las empresas”, señala Cañete. Además, añade que el problema se incrementará el próximo ejercicio, ya que ahora los préstamos del ICO carecen de intereses, pero en 2021 “las empresas van a tener problemas de tesorería y van a tener que hacer frente a estos pagos, cuyo tipo medio está al 2,5%”, lo que puede ser un problema añadido. Y eso puede suponer que la salida de la crisis sea mucho más lenta, tal como han advertido varios organismos, ya que si no hay empresas para responder a la demanda cuando ésta se recupere, la demanda se irá hacia otros países. Por ello, la PMcM propone varias recetas enfocadas a aumentar la liquidez en manos de las empresas y a obligar a estas a mantener la cadena de pagos. Entre ellas, plantean forzar a la Administración a pagar ya las facturas pendientes que han excedido el plazo legal (cerca de 8.500 millones de euros), que se implante un sistema de compensación de créditos fiscales entre el Estado y las empresas o libere parte de los 12.000 millones de euros de remanente que los municipios tienen retenidos.

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