El supervisor estima que prácticamente siete de cada diez empresas no financieras tendrán déficit de liquidez de aquí a final de año, con unas necesidades que podrían fluctuar entre los 224.000 y los 238.000 millones de euros.
Pese a la promesa de una vacuna eficaz en el horizonte, lo que a medio plazo puede insuflar ánimos en el consumo y la inversión, a corto el panorama sigue siendo desolador, hasta el punto de que la caída del PIB este año podría ser incluso peor de lo previsto. “Las noticias sobre la segunda ola afectarán negativamente al cuarto trimestre del año y probablemente al primero del año que viene, por lo que podría haber una revisión a la baja”, advirtió ayer el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien añadió que los efectos balsámicos de la vacuna en la actividad económica aún “tardarían en percibirse”. Amén de que, como reiteró el gobernador, la crisis tiene trazas de ser “significativamente persistente”. En este contexto, la pandemia ha asestado –y sigue haciéndolo– un durísimo golpe al tejido empresarial español, hasta el punto de que el porcentaje de empresas con patrimonio negativo (esto es, en eventual causa de disolución) podría dispararse hasta niveles del 21%-22% este año, entre 5 y 6 puntos porcentuales más respecto a los niveles pre-Covid, según un artículo analítico publicado ayer por el Banco de España.
Aunque los expertos del supervisor señalan que ningún sector es indemne a la onda expansiva del coronavirus, con un incremento generalizado de las empresas con patrimonio negativo, ese aumento se refleja con “mayor intensidad” en los sectores de turismo y ocio y, en menor medida, en el del automóvil. Antes del Covid, incurrir en causa de disolución no tenía por qué representar una sentencia de muerte para la empresa que, de hecho, dispone de un plazo para corregir dichos desequilibrios, ya sea mediante un aumento de capital o aportaciones dinerarias de los socios. El problema es que, tal como resalta el documento, el deterioro de la situación patrimonial es especialmente marcado en las pymes, un sector en el que llueve sobre mojado y que carece de músculo financiero para mantenerse a flote. De hecho, el último barómetro de Cepyme refleja que dos de cada diez pequeñas y medianas empresas temen que el aumento de los impagos las abocarán a la insolvencia, mientras que una de cada ocho prevé directamente el cierre de su negocio.
En un escenario de galopante pérdida de ingresos, la liquidez se ha convertido en el más preciado tesoro para no echar definitivamente el cierre. Según las estimaciones del Banco de España, entre abril y diciembre de este año, entre el 67% y el 69% de las empresas no financieras españolas tendrían necesidades de liquidez, alrededor de entre 8 y 10 puntos porcentuales más que en un contexto sin pandemia. En conjunto, el supervisor cifra en una horquilla de entre 224.000 y 238.000 millones esas necesidades hasta finales de año (dependiendo de si el escenario es más o menos adverso). Con el agravante, tal como alerta el Banco de España, de que una parte significativa de esas compañías acuciadas por la sed de liquidez serían entidades con una probabilidad “alta o muy alta” de impago. Una vez más, las empresas con mayor déficit de liquidez, y por ende con mayor vulnerabilidad financiera, se concentran en los sectores de turismo y ocio, vehículos de motor y transporte y almacenamiento. Según las simulaciones del Banco de España, ya en el primer trimestre del año seis de cada diez empresas, el 61%, no generaron suficientes ingresos para atender los pagos corrientes y los derivados de inversiones en activos fijos o de amortizaciones de deuda, a pesar de que las medidas de confinamiento se concentraron en la segunda quincena de marzo.
En este contexto, en el que la falta de liquidez podría acabar derivando en problemas de solvencia a mayor escala, Hernández de Cos insistió ayer en su petición de que se extiendan las moratorias concursales para evitar un efecto precipicio en las empresas, al tiempo que defendió la reestructuración de la deuda de las empresas viables, incluidas quitas, y abogó por que se deje morir a las que no lo sean, para garantizar una asignación eficiente de los recursos y evitar así la aparición de empresas zombies
Fuente: Expansión