TASA ADICIONAL PARA LAS EMPRESAS CON ALTA ROTACIÓN TEMPORAL/ El Gobierno quiere acabar con la práctica de muchas empresas de despedir al trabajador antes del festivo para contratarlo después.

 

La Seguridad Social está estudiando implantar una tasa adicional a las cotizaciones sociales para castigar a las empresas que despiden trabajadores antes de los festivos, o las vacaciones, para ahorrarse los costes sociales y los salarios de esos trabajadores durante esos días. Así lo anunció ayer José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social.

Consiste en que las empresas despiden, dan de baja a un trabajador en la Seguridad Social antes de un fin de semana, de un puente o de las vacaciones de verano, para contratarlo al terminar el periodo festivo. Esto ocurre con mayor frecuencia si el viernes es el último día de mes. También es frecuente que lo hagan muchas empresas con los puentes festivos, y al terminar el curso escolar. Muchos profesores son despedidos en ese momento y vuelven a ser contratados en septiembre u octubre. Con ello, durante el verano las empresas no pagan ni salarios ni cotizaciones sociales, mientras el trabajador cobra la prestación por desempleo. Esta situación afecta también a los trabajadores de los servicios escolares. Por ejemplo, conductores de autobuses o, en su caso, personal de comedor.

También es una práctica muy extendida en la sanidad, los servicios de hostelería y entre las empresas auxiliares de otras empresas. Por esta razón, con relativa frecuencia las estadísticas de la Seguridad Social suelen registrar en los últimos días de mes la destrucción de decenas de miles o, incluso, de varios centenares de miles de contratos. Sobre todo, en momentos de debilidad económica.

Por esta razón también, el primer Gobierno de Pedro Sánchez implantó un recargo del 40% en las cotizaciones sociales para los contratos que durasen menos de cinco días. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Las empresas amplían los contratos de cinco a doce días, y despiden al trabajador al llegar el segundo fin de semana. Máxime si coincide con el fin de mes, o antes de un puente, las vacaciones de Navidad, de Semana Santa o verano.

Por todas estas razones, en su intervención en un seminario telemático de Nueva Economía Fórum, Escrivá dijo lo siguiente: “Vamos a establecer una tasa [adicional] por las bajas de contratos. Estamos estudiando cómo hacerlo, porque el sistema actual permite dar de alta y de baja contratos de manera ágil, y hace posible usos no aceptables”. “Hay cantidad de contratos de lunes a viernes para no pagar las cotizaciones sociales en sábado y domingo o en periodo de vacaciones”. Las empresas hacen toda la tramitación con la Seguridad Social de forma digital. Por lo tanto, la baja y el alta del trabajador se hace de forma automática.

El ministro añadió que esta práctica “se ha convertido en algo cultural en España, que no sucede en otros países del entorno español” y que “no puede aceptarse como válida, por lo que se penalizará, de forma que también contribuirá a luchar contra la temporalidad y el alto grado de rotación de contratos que existe en España”. Para reducir el elevado nivel de empleo temporal, Escrivá emplazó a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a revisar el “nicho de contratos temporales” que existe en los sectores de Educación y Sanidad.

Escrivá evaluó en 30.000 millones de euros el coste total este año de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), y recordó que el Gobierno volverá a discutir con los agentes sociales una ampliación de los mismos, momento en el que ya se podrán tener en cuenta además algunos datos sobre las vacunas contra el coronavirus. El ministro avanzó que los ERTE deben orientarse a empresas que tengan necesidades temporales de reestructuración y vinculados a la negociación colectiva y a la formación.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mostró ayer que hay un debate interno en el Ejecutivo, entre los ministros del PSOE y de Unidas Podemos, sobre la oportunidad, o no, de subir el Salario Mínimo Interprofesional en 2021, a pesar de la crisis económica. Este año, su cuantía es de 950 euros mensuales, y por catorce pagas, 13.300 euros anuales. Díaz, que es de UP, dijo sobre una decisión que es exclusiva del Ejecutivo “que sería una anomalía que un Gobierno progresista se alejara de Europa”. “Alemania, Francia, Portugal y quince países más están revalorizando el SMI”.

La ministra añadió que “no sería comprensible que los trabajadores que más lo necesitan, porque están fuera de convenio, se quedaran al margen de las subidas que tendrán los funcionarios, los pensionistas y los convenios.

 

Fuente: Expansión

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