EL EJECUTIVO PLANTEARÁ A LOS AGENTES SOCIALES UNA REFORMA ESTRUCTURAL DEL ACTUAL MODELO/ El Gobierno defiende que el planteamiento de los ERTE puede servir en el futuro para aumentar la estabilidad laboral y reducir la precariedad laboral.

 

El Gobierno planteará a la patronal y los sindicatos la continuidad del actual modelo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como una de las reformas estructurales –de calado– del mercado de trabajo. Por lo tanto, más allá de que ahora sea una respuesta a la crisis económica provocada por el coronavirus, y con la posibilidad de presentar la reforma a la Comisión Europea.

La propuesta tiene un objetivo principal, que es garantizar a las empresas con dificultades coyunturales que puedan gestionar con flexibilidad las plantillas para evitar el recurso al despido. También supondría una forma de avanzar en la estabilidad laboral y reducir el empleo temporal.

Por lo tanto, el Gobierno parece plantear esta propuesta también para evitar otro tipo de reformas, como seguir rebajando el coste del despido y hacer una reforma profunda de la contratación. Todo ello, en medio del largo debate interno que mantiene el propio Ejecutivo sobre la oportunidad, o inconveniencia, de derogar la reforma laboral de 2012, que llevó a cabo el Gobierno del PP.

Sin embargo, el mensaje que José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, envió ayer a las grandes empresas nacionales e inversores internacionales fue una apuesta clara por mantener los ERTE para combinar la flexibilidad laboral que necesitan las empresas, aunque con mucho dinero público, con un uso más reducido del despido como primera medida de las sociedades para hacer frente a los problemas. Escrivá hizo esta apuesta durante su participación en la novena edición del Foro Spain Investor Day, que reúne en Madrid durante dos días a más de doscientos inversores de 14 países, así como a 46 empresas cotizadas.

El ministro explicó de forma somera a los inversores el funcionamiento actual de los ERTE para ayudar a las empresas y los trabajadores frente a la pandemia. “Nuestras medidas están especialmente bien diseñadas para favorecer la activación de trabajadores suspendidos en cuanto las condiciones [de la empresa] lo permiten”.

Pérdida de empleo

Además, destacó que, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior crisis, que tuvo lugar entre 2007 y 2013, “estas medidas han logrado que la caída de la actividad [económica] no se transforme automáticamente en una pérdida de empleo aún mayor, con un coste fiscal relativamente contenido”.

Entre otras medidas, en la Seguridad Social y en el mercado laboral, entre otras, las ventajas para las empresas con problemas consisten en rebajar su parte de las cotizaciones sociales y suspender el pago de los salarios, en parte o en todo, a los trabajadores afectados por un ERTE.

A cambio los empleados tienen garantizado el puesto de trabajo si la empresa consigue recuperar la actividad. Además, en ningún caso consumen tiempo de prestación por desempleo. También los empresarios y trabajadores autónomos, con una situación de crisis provocada por la pandemia, tienen bonificaciones en las cotizaciones sociales y pueden acogerse a su sistema de protección por desempleo. En este contexto, Escrivá avanzó a los inversores que “nuestro mayor reto [del Gobierno y de los agentes económicos] es aprender de estas experiencias y utilizarlas para transformar nuestro mercado laboral. Un camino para corregir nuestras debilidades estructurales, como la precariedad laboral y el elevado nivel de empleo temporal”. Por lo tanto, dijo Escrivá, “esta exitosa experiencia del nuevo modelo de ERTE nos ha enseñado que hay formas eficientes de hacer un mercado laboral más flexible y más equitativo” y, por ello, “debemos adaptar este modelo para convertirlo en un elemento estructural de nuestro mercado laboral”. Por lo tanto, ésta será una de las reformas que presente el Gobierno a la Comisión Europea para responder a las exigencias que la UE hace permanentemente a España.

En todo caso, Escrivá coincide en esta tesis con Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos, que en más de una ocasión ha defendido, en líneas generales, la continuidad del actual modelo de ERTE, o con algunas variaciones, como la incorporación de la formación a los trabajadores, como un sistema muy práctico de aumentar la flexibilidad laboral de las empresas, para evitar o reducir el despido. Es decir, convertir los expedientes también en un modelo de aumentar la estabilidad laboral “y una oportunidad para que los trabajadores reciban formación y se recualifiquen”, siguiendo el modelo de Alemania”. Precisamente, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, respondió indirectamente al Gobierno, y dijo que “hasta ahí, todo el mundo, el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos, están de acuerdo en convertir el actual modelo de ERTE en una medida permanente”. Sordo añadió que los problemas llegarán cuando los sindicatos exijan “que las empresas justifiquen las causas económicas para acogerse al expediente. CCOO no está dispuesta a que los ERTE se conviertan en una forma de que el Estado pague a las empresas, sin justificación, la suspensión de empleo o reducciones de salario”. Sordo dijo que en los primeros momentos de la pandemia del coronavirus, la Administración “no controlaba nada y pagaba todo lo que pedían las empresas, y eso no puede volver a ocurrir”, dijo el dirigente sindical.

Escrivá y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, coincidieron ayer en que “está muy cerca, incluso mañana, viernes”, un acuerdo con la patronal y los sindicatos sobre una nueva prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo. Todo ello a pesar de la oposición de los empresarios a la condición de asegurar el empleo que pone el Gobierno. Las empresas que se acojan al ERTE no pueden despedir a ningún trabajador, si no es por indisciplina, hasta seis meses después de terminado el expediente. “No tendría sentido que las empresas puedan despedir a sus trabajadores tras el esfuerzo de recursos públicos hecho con este mecanismo –30.000 millones, en conjunto– en el que siguen unos 756.000 trabajadores”, concluyó la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Fuente: Expansión.

 

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