La reforma de la protección del subsidio de desempleo lo ampliará a más de 6 meses y se centrará en las personas con más dificultades de ocupación.

 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social pretende simplificar los modelos de prestación y concentrar los incentivos a la contratación indefinida con bonificaciones en las cotizaciones sociales, en los colectivos de desempleados con mayores dificultades de inserción laboral.

Subsidio por desempleo

El subsidio por desempleo es la ayuda asistencial que reciben los parados que han consumido la prestación contributiva y tienen algún tipo de responsabilidad familiar, o simplemente más de 45 años. Generalmente, el subsidio tiene una duración de seis meses aunque puede prorrogarse hasta dieciocho. Su cuantía es de 452 euros al mes y actualmente se están beneficiando de dicha prestación casi un millón de personas en toda España.

Trabajo ha decidido ampliar la duración de este subsidio (sin concretar el plazo) y reducir los grupos de beneficiarios a las personas que no acrediten cotizaciones suficientes para el acceso a la prestación contributiva. Y, en segundo lugar, a las personas que hayan agotado la prestación contributiva y se mantengan en situación de desempleo.

Trabajo afirma que el sistema de protección ante el desempleo resulta muy complejo en su conjunto, por el elevado número de modalidades de prestaciones. Por ejemplo, la contributiva y asistencial, las prestaciones agrarias, la protección de los autónomos, los programas de fomento de empleo o de rentas mínimas. Por lo tanto, según Trabajo, “es un modelo de cobertura social fragmentario, desigual e ineficiente”. Además, con frecuencia, existe el riesgo de que se solape con la batería de ayudas sociales que conceden las comunidades autónomas o, incluso, con el ingreso mínimo vital que puso en marcha el Gobierno en 2020. Trabajo ha detectado que se está produciendo una desigualdad territorial con elevadas diferencias en la protección de los beneficiarios cuando la regulación y diseño no corresponden al Gobierno Central.

Empleo indefinido

Al igual que ocurre con el subsidio por desempleo, el Ministerio de Trabajo quiere revisar los incentivos al empleo indefinido, mediante la bonificación de cotizaciones a las empresas. Reconoce que son «poco eficaces» y es necesario una reforma en profundidad.

En las ayudas a la contratación indefinida el SEPE asume todo o parte del pago de las cotizaciones sociales de la empresa a la Seguridad Social correspondiente al  contrato indefinido. En 2020, esta subvención supuso el 25% de los fondos destinados a las política de apoyo al empleo, conocidas como políticas activas. Sin embargo, Trabajo resalta que las subvenciones y bonificaciones a la contratación no han logrado resolver los problemas estructurales del mercado laboral español. Son poco eficaces para lograr un impacto que perdure en el tiempo, según reza el informe de Trabajo sobre la necesidad de elaborar esta norma, y continúa diciendo: “Por ello, se debe llevar a cabo una revisión y actualización de las subvenciones y bonificaciones a la contratación que permita reordenar los recursos para reforzar la personalización de las políticas activas, con el objetivo último de alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en su aplicación”.

En resumen, en lugar de extender los incentivos a la contratación de todos los trabajadores, el informe sobre la futura norma subraya que “Los incentivos deben orientarse a mejorar la empleabilidad de los colectivos mas perjudicados, especialmente en períodos recesivos”. Es decir, que irán dirigidos a los parados de larga duración, tanto jóvenes como mayores, así como a las mujeres de determinados sectores con poca relevancia. 

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