El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de choque por valor de 16.000 millones de euros que también contempla nueva ampliación de plazos de los créditos ICO para las empresas.
El plan de choque aprobado incorpora dos prohibiciones para despedir. Por un lado, las empresas que se acojan a los mecanismos ERTE no podrán despedir a sus trabajadores y, en caso de que lo hagan, tendrán que devolver las ayudas obtenidas. Esto es algo ya conocido en la crisis de la pandemia, pero hay una novedad y es que no se podrá justificar el aumento del precio de la energía como causa del despido. También, en este caso, las empresas que despidan tendrán que devolver todas las ayudas recibidas.
En concreto, el plan movilizará 16.000 millones de euros, con 6.000 millones de euros en ayudas y rebajas fiscales y 10.000 millones en créditos ICO, y se organiza en cinco ejes: medidas para ayudar a las familias, trabajadores y personas desplazadas; para apoyar el tejido económico y empresarial; en materia de transportes; en materia de ciberseguridad y en materia de energía. El plan también refleja el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), con un paquete de medidas inmediatas para paliar las consecuencias del conflicto en Ucrania que supondrá una inyección de más de 1.000 millones de euros, incluyendo la bonificación al precio del combustible que supera los 600 millones para el sector.
Limitación de alquileres
La nueva norma contiene también una limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, impidiendo subidas superiores al 2%. Dicha limitación estará vigente hasta el próximo 30 de junio. El inquilino tendrá la posibilidad de negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta. En ausencia de pacto, la renta no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), situado actualmente en el 2%.