CONSEJO DE MINISTROS/ El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley que amplía las medidas de protección de los ERTE a sectores esenciales y a trabajadores fijos-discontinuos del sector turístico y extiende el teletrabajo dos meses más.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-ley de medidas económicas que permite a las empresas de sectores esenciales beneficiarse de las ayudas a los ERTE por fuerza mayor que se destinaron a las empresas obligadas a cesar su actividad por el estado de alarma y que también amplía las medidas para trabajadores del sector turístico y extiende el teletrabajo dos meses más. Así lo anunció ayer la vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre una norma que contiene más de 30 medidas. La ministra portavoz, María Jesús Montero, avanzó que mañana se reúne Pedro Sánchez con patronal y sindicatos, que negocian la ampliación de los ERTE más allá del estado de alarma.
En el Real Decreto-ley 8/2020, se aprobaron ayudas a los ERTE por fuerza mayor en las que se especifica que las pérdidas de actividad consecuencia del Covid-19 tienen la consideración de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada, así como para agilizar la tramitación de los procedimientos a cinco días. Ahora se permite que “actividades que hayan sido afectadas por las medidas de reducción de la movilidad, aunque no fueran actividades que hayan sido sujetas a suspensión total” se beneficien. Sin embargo, esta ampliación es de momento limitada, ya que “se entenderá que concurre la fuerza mayor respecto de las suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a la parte de actividad no afectada por las citadas condiciones de mantenimiento de la actividad”. Es decir, que las empresas que desarrollen actividades esenciales, el caso de industria denominada esencial, medios de comunicación o servicios profesionales como despachos de abogados, sólo podrán beneficiarse de las ayudas de los ERTE por fuerza mayor en la parte de su actividad y contratos que se consideren no esenciales.
Fijos discontinuos en los ERTE de empresas turísticas. Se amplía la protección a los trabajadores fijos discontinuos, que se concentran mayoritariamente en el sector turístico, que podrán incorporarse a los ERTE de fuerza mayor aunque no hubieran sido llamados antes de la declaración del estado de alarma, pero que iban a serlo con toda seguridad de haber continuado la temporada turística normal. Para ello, contará el tiempo trabajado durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, los periodos de actividad de otros trabajadores.
Teletrabajo. Se prorroga dos meses tras levantarse el estado de alarma el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada. La iniciativa podría mantenerse hasta iniciado el verano toda vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una nueva prórroga del confinamiento hasta el 10 de mayo (que también podría ampliarse). Según Calviño, se están “habilitando medidas de financiación para tratar de apoyar a las empresas que están invirtiendo en la extensión” del teletrabajo”.
Desempleo. Se amplía la cobertura de la prestación por desempleo a los trabajadores que se encontraban en periodo de prueba y perdieron su empleo por la crisis y para los que habían dejado su puesto por tener una oferta de trabajo que decayó.
Sanciones de la Inspección de Trabajo. Se refuerzan los mecanismos de control y sanción de las empresas que presenten solicitudes que contengan falsedades e incorrecciones en los datos facilitados y se establece una responsabilidad empresarial que implica la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores, cuando no medie culpa.
Seguridad Social. Se suspenden los plazos que rigen en el ámbito de funcionamiento y actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la excepción de los casos en que sea necesario para el interés general o por estar relacionados con el Covid-19. Se aprueba la reducción de las cotizaciones para determinados trabajadores agrarios durante los periodos de inactividad en 2020 y se simplifica el procedimiento para el aplazamiento de deuda de la Seguridad Social.
Avales del ICO. La línea de avales del ICO de hasta 100.000 millones de euros permitirá cubrir pagarés de empresa y reforzar las sociedades de garantía recíproca de las comunidades.
Planes de pensiones. Se amplían las contingencias en las que se pueden rescatar los planes de pensiones, recogidas en el Real Decreto-ley 11/2020 para afectados por ERTE, a actividades esenciales pero que sufren el impacto de la crisis y a quienes presenten una declaración responsable.
Fuente: Expansión.