Luz verde al Proyecto de Ley que modifica la Ley General Tributaria y transpone la Directiva DAC 6, que supone la práctica supresión del secreto profesional del abogado, protegido por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hacienda obligará a los asesores fiscales, incluidos abogados, a revelarle las operaciones de sus clientes. Así lo establece el Proyecto de Ley que modifica la Ley General Tributaria para la transposición de la Directiva europea conocida como DAC 6 que aprobó ayer el Consejo de Ministros y remitió a las Cortes para su tramitación. El texto que ha validado el Gobierno supone la práctica supresión del secreto profesional del abogado, que protegen tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como el Estatuto de la Abogacía.

Aunque los plazos son ajustados, la Comisión Europea permite moratorias en el intercambio de información ante la crisis del coronavirus. Hacienda justifica la aprobación ahora de un texto que iba más retrasado que el proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude que ultima en que “en una situación de emergencia como la provocada por la pandemia es muy necesario avanzar en medidas que hacen al sistema fiscal más justo y le permiten cumplir su función redistributiva y de garante del Estado de bienestar”.

En enero de 2019 la Abogacía se levantó en pie de guerra cuando Hacienda publicó un breve protoborrador que decía que en esta norma tendría que regular el secreto profesional y que consideraba que el abogado interno, de empresa, conocido como in house, no tiene secreto profesional. Estos propósitos se modularon en el último borrador que Hacienda hizo público, de julio de 2019, que se remitía a lo que establece la Ley General Tributaria sobre el secreto profesional, que no regula pero contempla con escasa protección, frente a la LOPJ.

Pues bien, Hacienda dice ahora que la normativa a la que ha dado luz verde el Consejo de Ministros “delimita claramente bajo qué premisas puede utilizarse el secreto profesional. El objetivo es evitar un uso injustificado y desproporcionado que sirva para sortear la obligación de informar”. De esta forma, establece que “no están amparados por el secreto profesional los intermediarios que diseñan, comercializan, organizan o gestionan la ejecución de un mecanismo transfronterizo de planificación fiscal. Tampoco los intermediarios que asesoren para procurar o facilitar la aplicación”. Entre los intermediarios, no se distingue entre los asesores, abogados, gestores administrativos o instituciones financieras, que deberán informar de los mecanismos transfronterizos (operaciones, negocios, esquemas, acuerdos) que se realicen en dos Estados miembros o un Estado miembro y un tercer Estado.

Por tanto, “se limita el secreto profesional a aquellos intermediarios que prestan un asesoramiento neutral con el único objetivo de evaluar la adecuación del mecanismo a la normativa aplicable, y sin procurar ni facilitar la implantación de esa planificación fiscal”. Sólo respetará el secreto de los asesores que ofrezcan un asesoramiento menos sofisticado o con menor valor añadido.

Los intermediarios fiscales tendrán la obligación de informar si detectan indicios de lo que denomina planificación fiscal agresiva. Estos indicios están tasados en la Directiva e incluyen, entre otros, la remuneración del intermediario en función del ahorro fiscal obtenido a través de la planificación; la adquisición de empresas en pérdidas para aprovecharlas fiscalmente; o situaciones en donde pagos efectuados son gasto deducible para el pagador, pero no se gravan o se gravan de forma limitada en el perceptor existiendo vinculación.

La obligación de declarar una operación no implica necesariamente que sea defraudatoria o elusiva, sino que concurren indicios de planificación fiscal. Realizar la declaración no supone la aceptación por parte de la Agencia Tributaria (AEAT) de su legalidad. La AEAT se reserva además el derecho a no responder y utilizar la información cuando estime oportuno.

Un Reglamento desarrollará qué datos se deberán incluir en la declaración, aunque la Directiva ya recoge algunos como la identificación de las partes; el resumen de la operación; el valor o la fecha. La AEAT remitirá los datos a la Comisión Europea, que los clasificará en un directorio accesible a los Estados miembros. La ley incluye un régimen sancionador por la falta de presentación, presentación inexacta o incompleta. Se establece una sanción de 2.000 euros por dato o conjunto de datos omitido o inexacto con un mínimo de 4.000 euros.

Los Estados miembros estaban obligados a adaptarse a la norma antes del 31 de diciembre y los asesores deberán informar de operaciones desde el 25 de junio de 2018. La ley prevé entrar en vigor el 1 de julio de 2020.

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies