Las administraciones regionales y locales podrán declarar áreas tensionadas durante un plazo máximo de tres años, prorrogable anualmente.
Tras la crisis de la Covid 19, hemos visto en nuestras ciudades barrios enteros de vecinos con grandes dificultades para poder afrontar sus gastos, como por ejemplo, el alquiler de la vivienda y afectando de manera paralela a los propietarios de estas casas, que sufren impagos y les resulta complicado encontrar inquilinos.
Es por ello que el Gobierno del Psoe propone las siguientes mejoras fiscales para paliar este efecto, y como contrapartida, subir el IBI para los grandes propietarios:
- Reducción general del 50 % de los rendimientos del alquiler y hasta un 90% en función de cada caso.
- Bonificación del 60% si no superase el índice de precios oficial o si la vivienda se ha rehabilitado.
- Bonificación del 70% si se alquila a jóvenes de entre 18 y 35 años.
Para acceder a estas ayudas fiscales, el ministro Ábalos dice que los arrendadores tendrán que bajar un 10% de la cuota de alquiler. Con esto pretende también controlar que los precios suban de manera exorbitante en especial a estas zonas tan afectadas.
En el texto oficial socialista se expone un ejemplo referente a esta propuesta:
Sobre un arrendamiento de 700 euros, se rebajaría al menos a 630 euros, por lo que el propietario dejaría de percibir 840 euros al año, pero calcula que el beneficio fiscal se acercaría a los 950 euros.
Por ello que para poder compensar tales reducciones, desde el departamento del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, proponen un paquete de acciones como la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a aquellas segundas viviendas que se encuentren declaradas como desocupadas de manera permanente.