Se harán públicos el nombre de la empresa, su identificación fiscal y la cifra impagada. Los autónomos estarán excluidos del listado por tener la consideración de personas físicas.
El Ejecutivo creará una lista con aquellas compañías que incumplan los plazos legales que establece la Ley de Morosidad (60 días), y en la que figurarán las empresas que, a 31 de diciembre del año anterior, registren 600.000 euros en facturas impagadas fuera de plazo y que durante el ejercicio anterior sus pagos a proveedores fuera de plazo superen el 10% del total. Es una de las enmiendas pactadas por PSOE y Unidas Podemos al proyecto de Ley Crea y Crece, aprobado por el Gobierno a finales de noviembre y en el que se contempla, entre otras medidas, que las empresas que no cumplan los plazos legales de pago no podrán acceder a subvenciones públicas, incluidas las del Plan de Recuperación.
El futuro listado incluirá a aquellas empresas que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada; esto es, que reúnan dos de estos tres requisitos: contar con más de 4 millones de euros de activo, registrar una cifra de negocio superior a 8 millones, y tener una plantilla de más de 50 empleados. En la lista figurará la denominación social de la empresa, su número de identificación fiscal y las cantidades impagadas dentro de los plazos establecidos por la ley de morosidad. Una decisión que promete ser controvertida, a pesar de que PSOE y Unidas Podemos aseguran que, sobre el papel, no va en contra de la normativa de protección de datos, “ya que se trata solo de personas jurídicas que no estén amparadas por la protección de datos de carácter personal”. De hecho, los autónomos estarán excluidos al recibir la consideración de personas físicas.
Otras medidas
A la lista de empresas morosas se añaden otras medidas como la imposición de sanciones a aquellas compañías adjudicatarias de contratos públicos que incumplan los plazos de pago con sus proveedores, o la obligación de publicar en sus web y en sus memorias anuales el volumen total y relativo de facturas abonadas fuera de plazo.
Organismos como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) reclaman desde hace meses un régimen sancionador y mecanismos de control que garanticen que quien accede a una ayuda o un contrato públicos está pagando en plazo a sus proveedores.