Díaz ha recordado que la reforma laboral ha elevado las sanciones hasta los 10.000 € para aquellas empresas que incumplan la norma y las ha «individualizado», de forma que se multa a la empresa por cada trabajador en fraude de ley.
Aunque la figura del contrato fijo discontinuo ya existía antes de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, ahora se ha convertido en una de las piedras angulares en la política del Ejecutivo para intentar poner coto a la temporalidad en el mercado de trabajo. En este contexto, en el que lo que se pretende es impulsar la contratación indefinida restringiendo al máximo la temporal, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció ayer en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que la próxima semana se pondrá en marcha una campaña de inspección para detectar posibles fraudes en los contratos fijos discontinuos, una fórmula de relación laboral indefinida pero que se desarrolla de forma intermitente en el tiempo y que ha obligado a numerosas empresas de los sectores de consumo, servicios o turismo a convertir miles de empleos temporales en estables, ya sean fijos o fijos discontinuos.
Aunque aún está por ver el efecto dinamizador que los cambios introducidos en el marco laboral tienen sobre el empleo (la nueva contratación entró en vigor el pasado 31 de marzo tras un periodo de adaptación de tres meses), las fuertes restricciones a la contratación temporal ya han dejado su impronta en las estadísticas. En abril se formalizaron 698.646 contratos indefinidos, más del cuádruple que en el mismo mes del año pasado, según los datos más recientes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, mientras que los contratos de muy corta duración (menos de una semana) se redujeron hasta el 28% del total frente a casi el 76% que llegaron a representar entre 2017 y 2019. La explicación hay que buscarla en el trasvase de contratos temporales hacia contratos fijos o fijos discontinuos.