La nueva ley que entra en vigor hoy, es la transposición de una norma comunitaria conocida como «Directiva Whistleblowing» que supone otro incremento de las exigencias regulatorias y de cumplimiento normativo para las empresas de más de 50 trabajadores.

 

Además de suponer un incremento de las cargas y los costes para las empresas afectadas, puede acarrear severas sanciones económicas, con multas de entre 1.001 euros para las infracciones leves y hasta un millón en los casos más graves tanto para las empresas y entidades que incumplan la ley como para aquellas que obstaculicen o tomen represalias contra los denunciantes (despidos, degradación o denegación de ascensos, acoso laboral…). Además de sanciones de hasta 300.000 euros a los directivos y administradores de la empresa que no adapten sus canales de denuncia e incumplan la normativa.

Más allá del régimen sancionador, que busca persuadir de que el incumplimiento de la ley sea una opción, las empresas se enfrentan a partir de hoy a mayores cargas administrativas y sobrecostes. Para empezar, la ley obliga a nombrar un responsable del sistema de información interno, que podrá ser una sola persona o un órgano colegiado y que será el encargado de recibir y gestionar las denuncias. Además, deberá formar a sus empleados en el uso del nuevo canal, revisar periódicamente su funcionamiento e incluso establecer un régimen sancionador para los trabajadores que incumplan la ley o la normativa interna de sus compañías.

En definitiva, el canal de denuncias se suma al resto de obligaciones ya impuestas durante los últimos años y entre las que cabe destacar la creación e implantación del protocolo antiacoso, los planes de igualdad, o los protocolos de desconexión digital. Medidas que incrementan la diferencia entre las obligaciones normativas y burocráticas de las empresas de 50 trabajadores o más, respecto a las que no llegan a dicha cifra, que se libran de la aplicación de estas medidas o, al menos, se ven reducidas respecto a aquellas.

 

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