La imposición de la factura electrónica para todas las transacciones entre empresas o autónomos vuelve a estar en el horizonte de actuación del Gobierno.
La introducción de la factura electrónica obligatoria es una de las premisas de la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial (conocida como Ley Crea y Crece), pendiente de un desarrollo reglamentario que el Gobierno lanzó a consulta pública el pasado mes de marzo pero que no llegó a poner en marcha ante la disolución de las Cortes. Pero los trabajos ya se han retomado.
La medida supone la digitalización de todas las facturas emitidas entre empresas y autónomos, para lo que las grandes compañías tendrán un plazo de 12 meses de adaptación desde su aprobación definitiva y las pymes un periodo de dos años, según consta en el texto original del real decreto.
Los plazos están en el aire, en todo caso, teniendo en cuenta que la Ley Crea y Crece dio, en septiembre de 2022, seis meses al Gobierno para culminar un desarrollo reglamentario que todavía sigue pendiente.
De momento, las empresas con una cifra de negocio superior a seis millones de euros anuales ya han digitalizado parte de su facturación para cumplir con el Suministro Inmediato de Información del IVA, pero la obligación se extiende ahora a todo tipo de facturas entre empresas y profesionales, detallando fecha de emisión, pago y periodo medio de abono.