La idea es que la ayuda sea decreciente, disminuyendo a partir del cuarto mes, si bien el planteamiento global choca con la pretensión del Ministerio de Economía de aumentar los incentivos a la reinserción laboral y condicionar la ayuda a la aceptación de empleos.
El proyecto de real decreto-ley implica concretamente elevar la cuantía del subsidio de desempleo del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM) al 110% durante los 180 primeros días de percepción. A partir de ahí, entre los tres y los seis meses, el subsidio se rebajaría al 90% del IPREM, pasando de 660 a 540 euros mensuales, para limitarse a partir de entonces a un 40%, es decir, 420 euros al mes.
En paralelo, Trabajo propone ampliar los plazos de cobro del subsidio de desempleo. Actualmente, oscila entre tres y 21 meses en función del perfil del beneficiario. El plan propone que los parados sin cargas familiares que hayan agotado su prestación de paro tengan derecho a seis meses de subsidio, mientras que aquellos que las tienen puedan optar a cobrar la ayuda 24 meses, si vienen de agotar una prestación contributiva por desempleo inferior o igual a 120 días, o hasta 30 meses si antes tenían derecho a más de 180 días de paro. Para el resto de supuestos, la prestación no contributiva equivaldrá a los meses cotizados entre los tres y los seis meses, pudiendo quedar cubiertos hasta 21 meses quienes tengan cargas familiares.
Finalmente, la propuesta de Trabajo modifica la posibilidad de compatibilizar el cobro del subsidio con un sueldo laboral. Actualmente es posible simultanear la prestación con un empleo a tiempo parcial, minorándola en la parte proporcional al tiempo trabajado. La propuesta de Trabajo es que el sueldo de un trabajo a tiempo completo sea compatible con cobrar parte del subsidio (240 euros al mes, el 40% del IPREM) durante 45 días, tras los que la prestación se extinguiría.